La crisis hidrica en Uruguay y la amenaza a la soberania nacional.

Uruguay enfrenta la crisis hídrica más grave de su historia, poniendo en riesgo el acceso al agua potable en zonas urbanas. En Montevideo, el agua de red no es apta para consumo directo ni cocción por problemas de salinización y contaminación química, obligando a los habitantes a comprar agua embotellada para sus necesidades diarias, cuando históricamente el agua tenía excelente calidad.

La crisis se atribuye principalmente a la expansión de plantaciones de eucalipto y pino desde la década de 1980, promovida por la Ley Forestal y el Banco Mundial. Más de un millón de hectáreas se dedican actualmente a estas plantaciones, especialmente en las cuencas de los ríos Santa Lucía y Negro. Los eucaliptos consumen grandes cantidades de agua, mientras que la construcción de represas y embalses privados contribuyó a la contaminación y disminución de la disponibilidad hídrica. Además, la falta de previsión sobre las consecuencias futuras y de participación pública agravaron la crisis.

Los eucaliptos absorben agua en forma desmesurada debido a sus profundas y extensas raíces que alcanzan las capas subterráneas. Un eucalipto maduro consume entre 50 y 100 litros diarios en su temporada de crecimiento. Cuando se plantan masivamente, el impacto en las fuentes subterráneas es notorio, reduciendo el nivel de las napas y el caudal de ríos y arroyos, afectando el abastecimiento de agua potable, la irrigación y los ecosistemas acuáticos.

Por sus altas demandas hídricas, el eucalipto tuvo un efecto negativo en los recursos de la región, afectando la cantidad y calidad del agua para consumo humano. La promoción de estas plantaciones mediante la Ley Forestal desde 1980 agotó ríos y pozos, desplazando napas subterráneas, especialmente en los ríos Santa Lucía y Negro.

Además, la construcción de más de 500 represas particulares rio arriba de los embalses que abastecen de agua para el consumo humano, la eliminación de vegetación en riberas y el vertido de contaminantes a los cauces, disminuyeron el caudal y aumentaron la contaminación, provocando el colapso del Río Santa Lucía.

Estas represas retienen el flujo del río en embalses, disminuyendo el caudal aguas abajo, lo que afecta a comunidades y ecosistemas. En los embalses el agua queda más expuesta a la evaporación, reduciendo más el caudal. Cuando hay represas río arriba del embalse de abastecimiento de agua potable, se reduce la cantidad disponible, provocando escasez y problemas en el suministro.

Por otro lado, contratos secretos por 50 años del Estado uruguayo con empresas transnacionales otorgaron a estas últimas, derechos abusivos sobre el agua y ventajas fiscales. Un ejemplo es el contrato con la finlandesa UPM para construir una segunda planta sobre el Río Negro, que garantiza a UPM el uso gratuito de grandes cantidades de agua, exenciones impositivas, una zona franca, derechos portuarios y una vía férrea de 273 km de uso preferencial por 50 años, permitiéndole cambiar la utilización del tren con 24 hs de aviso, imposibilitando que otras empresas la usen. También incluye la construcción de una terminal portuaria exclusiva para UPM, una autopista para desviar el tránsito, la compra de su energía excedente y provisión gratuita de agua dulce desde los ríos afectados. Además, UPM actuará en zonas francas, exenta de impuestos.

La extranjerización y concentración de tierras cultivables para forestación de eucaliptos ha afectado la disponibilidad de agua y perjudicado a la ganadería y agricultura familiar. Pese a las extraordinarias ganancias de UPM, su aporte en empleos e impuestos es mínimo. Si bien las forestales pueden generar empleo directo, el cambio en el uso de la tierra para plantaciones puede indirectamente significar una pérdida neta de empleo en otros sectores desplazados como la ganadería, la agricultura, la actividad lechera y todo lo que rodea a estas actividades, que es superior a la ganancia de puestos, por lo tanto, en este sentido es una pérdida para el país.

Además, recientemente se supo que UPM recibió autorización para producir hidrógeno verde en el área, enmarcado en la estrategia europea Gateway. Según documentos de la embajada francesa, los intereses clave en Uruguay son la implementación de 5G y producción de hidrógeno verde para exportar. El desarrollo del hidrógeno verde para exportar consume intensamente las reservas de agua dulce sin generar un verdadero desarrollo productivo nacional y con fuertes impactos ambientales.

Debido a que la Comunidad Europea enfrenta falta de energía por el bloqueo de Rusia, busca fuentes alternativas como el hidrógeno verde y Uruguay ha sido identificado como lugar adecuado para su producción por la disponibilidad de agua dulce. Pero los contratos de estos proyectos se mantendrán en secreto, pudiendo ser desfavorables en las negociaciones para el país.

En resumen, el negocio está resultando perjudicial para Uruguay con estas empresas extranjeras con contratos secretos por 50 años, que están extrayendo los recursos, con exenciones impositivas, mientras el Estado uruguayo hace la infraestructura con dinero de los contribuyentes para beneficiarlas. Los escasos puestos de trabajo que crean no compensan la cantidad que se pierden, sumado a enormes daños ecológicos. Por lo tanto, es un muy mal negocio para el país.

Los acuerdos secretos y la falta de transparencia comprometen la soberanía estatal y pueden facilitar la corrupción, socavando los principios republicanos y limitando la evaluación ciudadana en las inversiones extranjeras sobre los recursos nacionales.